La moda en los “Ayuntamientos del cambio” es asumir servicios que hasta ahora prestaba la empresa privada. Su aversión al emprendimiento, su demonización de la empresa y del mercado les lleva a asumir que todo lo que hace el sector privado es malo y que sólo ellos pueden salvar a los ciudadanos del atraco al que les someten las empresas de servicios.

Como ya anunció en un programa de TV el diciembre del año pasado, Colau tiene un plan: El Ayuntamiento de Barcelona destinará más de 130 millones de euros al desarrollo de actuaciones para aumentar la autonomía energética de la ciudad, reducir el impacto ambiental de la producción de energía y garantizar el suministro a los ciudadanos en los próximos tres años.

Entre las herramientas de esta política energética destaca la creación de una comercializadora de energía pública local que compre la energía eléctrica de fuentes renovables públicas y privadas generada en Barcelona y la venta a los hogares y a los entes municipales y a la que los vecinos podrían abonarse a partir de octubre de 2018.

Con esta medida de gobierno, Barcelona pretende crear un modelo propio que la teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo y Movilidad, Janet Sanz ha explicado que apuesta por el «ahorro, para llegar al 100% renovables, por la eficiencia y por la soberanía». «Queremos reducir un 10% el consumo per cápita, un 18% la emisión de gases de efecto invernadero, doblar la capacidad de generación de energías renovables y queremos trabajar para garantizar que nadie se quede sin poder calentar o iluminar su hogar», dice Sanz.

Que la electricidad en España es cara y que las eléctricas tienen importantes beneficios es una evidencia. Y tal vez por eso la iniciativa de Colau ha conseguido una buena acogida en parte de la prensa y de la ciudadanía.

Pero no parece que un municipio, aunque sea importante como el de Barcelona, pueda ser el que solucione este problema impulsando la creación de una nueva empresa pública. La factura eléctrica, esa que tan bien conocemos todos y que tan mal entendemos cubre tres costes diferenciados que de forma aproximada suman cada uno un tercio del importe final. Por un lado está el propio coste de la energía eléctrica. Por otro están los costes de acceso y finalmente los impuestos que la actividad soporta como el impuesto eléctrico, el IVA y otros impuestos subsumidos en los otros dos conceptos como el impuesto a la generación eléctrica.

La iniciativa de Colau no puede modificar ni los impuestos a que está sometida la actividad sectorial, ni los costes de acceso. Así que la iniciativa de la alcaldesa sólo puede actuar sobre la compra y venta de electricidad, que recordemos se produce, mal que le pese a Colau, en un mercado liberalizado.

Así que lo máximo que puede o podrá hacer la nueva empresa del Ayuntamiento de Barcelona será vender electricidad, a los consumidores que la elijan, a un precio algo mayor a que logre comprarla a los generadores o al mercado mayorista. Y con el peligro agravado de que como se tratará de una empresa pública, será completamente susceptible de sufrir manipulaciones políticas de sus recursos y de que se produzca una avalancha de colocaciones de personal a dedo, al que Colau ya nos tiene acostumbrados, más propia de tiempos que deberían haber quedado para siempre en el pasado.

Si además, como declara la alcaldesa, se quiere convertir en el azote de la pobreza energética y por lo tanto regalar o vender muy barata la energía a quienes no pueden pagarla, pues todo hace indicar que nos vamos a encontrar mucho más pronto que tarde ante una nueva empresa pública deficitaria. Y ya sabe todo el mundo cómo se mantienen estas empresas. La fórmula no es nada original, los que acaban pagando el pato son los ciudadanos, en este caso los barceloneses, a los que Colau va a meter a la fuerza en un negocio eléctrico ruinoso que tendrán que sostener con sus impuestos.

Desde aquí, esta iniciativa nos parece disparatada, propia de un tiempo pasado, de un modelo cien veces probado y cien veces fracasado, y que aunque se venda como una fórmula mágica para mejorar la vida de los ciudadanos y defender sus derechos, no hará más que costarles dinero y empeorar la calidad del servicio que reciben a cambio de sus impuestos. Veremos en qué acaba todo esto.