El ciclo del agua y el de la vida son uno mismo, el agua es la sangre del mundo. En julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el derecho al agua potable y al saneamiento, como un derecho humano esencial. Algo tan básico que se diluye muchas veces al ponerle al agua un precio político. Como hacen por ejemplo algunos ayuntamientos al incluir en los recibos del agua conceptos tan variopintos como la tasa de basuras u otros que poco o nada tienen que ver con el agua.

En esta Torre de Babel del agua se echan muy en falta pautas homogéneas y transparentes. Por ello, se hace cada vez más evidente un modelo de gestión controlado por un regulador común centrado en desarrollar metodología, emitir informes vinculantes en relación con los pliegos de contratación y en la resolución de los conflictos.

En general y mayoritariamente, el sector del agua no sólo funciona de forma excelente en España, sino que somos un ejemplo para el mundo entero. Pero sigue habiendo margen para mejorar. Existen algunas disfunciones como cuando diferentes operadores gestionan a un tiempo, distintas fases del ciclo del agua, uno de distribución y otro el saneamiento, para un mismo colectivo.

Otro aspecto a mejorar es el de las licitaciones que duermen a la espera de ver la luz, particularmente en el campo de la depuración en el que no llegamos a las cotas de cumplimiento que se nos exige desde Europa. La razón de esta parálisis en un sector tan sensible tiene en numerosas ocasiones las infraestructuras como factor clave. La falta de financiación en numerosas dotaciones, por ejemplo para una depuradora, el dinero para poderla mantener y el alto endeudamiento de las administraciones públicas.

El sistema de concesiones español es sin duda la mejor manera de ofrecer un servicio eficiente a los ciudadanos, pero es necesario un regulador nacional. Actualmente existe un Consejo Nacional del Agua, pero no tiene los poderes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Otro de los problemas son las peticiones de remunicipalización de la gestión del agua fruto de la combinación de dos circunstancias,  la corrupción política y el auge de los populismos, que en vez de buscar la mejor forma de solucionar los problemas con criterios técnicos sólo proponen ponerlo todo patas arriba.

Tenemos claros ejemplo muy cerca de nosotros. Grandes ciudades europeas en las que se ha municipalizado la gestión del agua como Berlín o París han demostrado que ese no es el camino a seguir. Berlín tiene el agua más cara de Europa, y en París están aumentando las pérdidas de agua por falta de mantenimiento, ya que los ayuntamientos no están concebidos para generar conocimiento y expertise como hacen las empresas.

Si la población, inducida por quien sea o por lo que sea, tiene un temor o malestar, hay que darle respuesta, hay que generar un regulador poderoso, que homogeneice, que haga transparente el servicio, y en el que los costes estén emergidos, es decir que se sepa lo que cuesta cada cosa.

Un gran regulador nacional debería ser capaz de evitar que se puedan introducir factores de manipulación, corrupción e ineficiencia, porque las redes de agua y saneamiento se vuelven ineficientes muy rápidamente si no hay inversiones de conservación.

Un buen regulador debería encargarse primero de establecer claramente las reglas, de supervisar el cumplimiento y de intervenir en caso de conflicto. Debe hacer transparente la gestión y obligar al cumplimiento de los contratos. Hace falta una regulación nacional para que sea eficiente, mientras que la gestión puede continuar siendo local.