Recientemente, algunos de los medios del sector del agua se hicieron eco de una carta, breve, directa y a todas luces muy razonable, que un vecino de Gozón (Asturias) le dirigía a su alcalde. Explicaba este gozoniego a su primer edil que él y otros vecinos de su edad podían todavía recordar épocas pasadas, cuando al abrir el grifo del agua, pues sencillamente no salía nada. En esos tiempos, le dice el vecino a su alcalde, cuando el servicio de suministro de agua lo prestaba directamente el Ayuntamiento, “había que cerrar la llave de abajo para que los de arriba pudieran disponer de un poco de agua”, suponemos que por la escasa presión con la que llegaba a las tuberías de los domicilios.

Y pregunta don Higinio: “Señor Alcalde y los que le presionan ¿tienen algún estudio para avalar la eficacia de la remunicipalización del servicio de agua? Quien escribe no lo conoce y si lo tienen apórtenlo para dejar de molestar en caso de ser positivo”.

Esta carta se refiere por supuesto al Ayuntamiento de Gozón, una población de unos 10.000 habitantes de la costa asturiana, pero es perfectamente extrapolable a muchos municipios españoles, en los que con la llegada de nuevos gobiernos a los Ayuntamientos, una de las propuestas que más se repiten es la de municipalizar servicios, ya sean los de agua, limpieza, recogida de basuras o transportes.

Parece que está de moda pensar que las empresas privadas sólo miran por su propio beneficio y que los Ayuntamientos son capaces de asumir con menos costes los servicios que estas compañías vienen ofreciendo a cambio de una contrapartida económica. Por supuesto que las empresas buscan obtener beneficios, pero no es menos cierto que saben perfectamente que los beneficios sólo llegan con clientes satisfechos y cuando prestan buenos servicios y ofrecen buenos productos.

No vamos a entrar aquí en el espinoso asunto de las concesiones a cambio de comisiones o de los chanchullos que se pueden organizar a cuenta de estos contratos municipales. Sin duda deben mejorarse las normativas de concursos públicos, reforzarse la vigilancia y endurecerse las sanciones para los que no actúen de forma honesta. Pero la solución a un dolor de muelas no pasa en ningún caso por cortar la cabeza.

Es evidente que algunos Ayuntamientos pueden tener entre sus funcionarios personas con el conocimiento y la capacidad para gestionar estos servicios pero muchos otros no. Tampoco se trata aquí de discutir sobre quién debe prestar cada servicio. Es seguramente mucho más inteligente preguntarse, como hace el vecino de la carta, por qué hay que cambiar un servicio que funciona bien por otro que ya ha demostrado en el pasado que no funcionaba.

Cuando un particular o una empresa tiene un proveedor que cumple con lo estipulado, que lo hace a un precio razonable y que no da problemas ni genera quejas, nadie piensa en cambiarlo por ese proveedor anterior del que prescindió hace años precisamente por todo lo contrario: no prestaba el servicio en condiciones, todo eran problemas y nadie estaba contento.

La gestión del agua para una localidad de 10.000 habitantes no es una tarea sencilla que cualquiera pueda realizar sin los conocimientos y la experiencia suficientes. El servicio de agua, que en España gestionan tanto empresas públicas como empresas privadas, es actualmente uno de los que menos quejas generan y de los que los ciudadanos se muestran más satisfechos según todos los estudios.

Así que como dice don Higinio, “no jodamos lo único que funciona más que bien”.