Lambás ha asegurado que los defensores de los procesos de remunicipalización «han llevado la ideología a la economía» a la vez que ha defendido que la mejor forma de acceder a la prestación de un servicio público es bajo criterios de «igualdad, mérito y capacidad». En cuanto a la eficiencia en la prestación de servicios, ha explicado que «no podemos pensar que un ayuntamiento, que a lo mejor compra tres o cuatro camiones de basura, puede ser más eficiente que una empresa que compra camiones para toda España».

Por su parte y a renglón de la eficiencia, Dávila ha reconocido que «las empresas llevan toda la vida analizando su desempeño, porque si no son eficientes, se mueren». Y ha añadido que «hay servicios públicos cuya eficiencia no se puede medir, pero en otros sí se puede. En los servicios en los que se pueda medir la eficiencia, las administraciones públicas tienen que ceder la gestión».

Sobre el futuro de los servicios públicos, Gómez ha apostado por la adopción de modelos mixtos de gestión (colaboración público-privada). «Ni es verdad que lo privado asegure mayor eficiencia, ni lo contrario, tenemos ejemplos de ambos casos. Tenemos muy buenos ejemplos de gestión pública, de privada y de colaboración público-privada», ha explicado Gómez. Asimismo, se ha mostrado partidario de que en los municipios inmersos en procesos de remunicipalización se aborde el debate de forma más «seria» y abandonando los «apriorismos».

«Este movimiento es regresivo respecto a la evolución de una ciudad», ha denunciado Aurín sobre los procesos de remunicipalización.  «Es un discurso de ciudad del siglo XIX, de barricadas, y supone la pérdida de oportunidades para incorporarse al carro de la innovación», ha denunciado. Por último, ha abogado por que se abandonde definitivamente la lógica de «confrontación» en la que se criminaliza a la actividad económica y financiera.