La recogida de basuras, el mantenimiento de carreteras, el abastecimiento de agua, parques y jardines y todo el conjunto de servicios públicos son una de las mayores preocupaciones y retos para los que gobiernan.

El diario La Razón ha reunido recientemente a Francisco Caamaño, catedrático de Derecho Constitucional y ex ministro de Justicia; Valeriano Gómez, economista y ex ministro de Trabajo e Inmigración; Ramiro Aurín, ingeniero y consultor en Gobernanza del Agua; y Roger Cots, secretario general del Ayuntamiento de Gavá (Barcelona) y profesor asociado de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona, para generar un debate bajo el título: Servicios públicos: el interés general por encima de las ideologías.

Durante la sesión se puso de manifiesto uno de los grandes problemas a la hora de remunicipalizar un servicio: qué hacer con los empleados de la empresa internalizada. Para Valeriano Gómez, el principal obstáculo es que “España es de los países que peor tiene resuelto este asunto porque la legislación, en este sentido, es un campo de minas”.

Recientemente, los jueces han desarrollado una nueva forma de contratación “la de carácter indefinido no fijo” añade el ex ministro de Trabajo e Inmigración. Un contrato distinto al de un funcionario público, por lo que quiere dejar claro “no se le puede prometer el paraíso a los empleados que transiten del sector privado al público”. Y quiere remarcar que “la legislación debería facilitar que la gestión privada pase a ser pública, o viceversa. Y no es así”.

Para Francisco Caamaño, asimismo, declara que se pueden introducir cláusulas sociales, como políticas de igualdad. Por ejemplo, que la concesionaria preste el servicio con una plantilla formada por un número mínimo de mujeres. Por esa razón, el ex ministro de Justicia manifiesta que, para ello, se deben realizar pliegos amplios porque todas las condiciones a cumplir tienen que estar redactadas previamente.

Aunque sabemos que los contratos requieren de cierta flexibilidad para Roger Cots, “las modificaciones contractuales son inexplicables, ya que han sido uno de los males de los servicios públicos provocados por la ideología”.

En pocas palabras, los cuatro expertos han querido dejar claro que todavía quedan muchas lagunas por resolver, sobre todo en el campo laboral.

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