La empresa pública municipal Aquavall cumple un año gestionando el suministro y el ciclo integral del agua en Valladolid, tras la decisión del alcalde socialista Óscar Puente de municipalizar el servicio. El balance de este primer año no ha sido nada brillante y como regalo de aniversario, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha resuelto en una sentencia que el Ayuntamiento de Valladolid cobró el servicio del agua de forma ilegal en 2017 y lo ha seguido haciendo en 2018, le obliga a pagar las costas del pleito y le expone a sufrir un golpe en sus arcas públicas.

La sentencia del órgano judicial afirma que la ordenanza aprobada por el ayuntamiento en 2017 es contraria al ordenamiento jurídico, y que los ingresos por estos conceptos deben cobrarse mediante tarifas y no por tasas.

Precisamente el gran argumento esgrimido por el ayuntamiento vallisoletano, que ha sido el primer gran consistorio en municipalizar la gestión directa del agua, era que la tarifa a cobrar por el agua debía ser una tasa pública.

Así que los vecinos desde ahora tienen derecho a solicitar la devolución de las cantidades indebidamente cobradas en 2017. Además, podrán reclamar en las siguientes liquidaciones o facturas giradas por Aquavall.

Y es que como suele ocurrir cuando los políticos se ponen a crear empresas para gestionar servicios públicos, se acaba demostrando que no son precisamente un modelo de eficacia ni de gestión eficiente. Es normal. En el caso de Aquavall, se nombró presidente a María Sánchez, concejal de Medio ambiente y sostenibilidad, y licenciada en derecho y Máster en políticas de igualdad, sin ninguna experiencia en gestión de empresas. No parece un currículum muy adecuado para presidir una empresa que suministra agua a una ciudad de más de 300.000 habitantes.

Y con estos mimbres, se hacen estos cestos. Porque la sentencia del TSJ de Castilla y León es sólo la guinda de un año plagado de despropósitos. A Valladolid, o más bien a sus vecinos, les está saliendo muy caro este plan de remunicipalización. La gestión pública se ha convertido en realidad en un sistema privado por la puerta de atrás. La mitad de su presupuesto se ha destinado a más de 40 empresas privadas que actúan como subcontratas, porque en realidad lo que se ha hecho es trocear una gestión que el Ayuntamiento es incapaz de realizar por sí mismo.

Se han licitado actividades básicas como el control de desbordamientos de la red de alcantarillado, la reforma de las infraestructuras, la telelectura de los contadores del agua o el servicio de atención al cliente. Y todo ello genera un mayor gasto público que cuando Aguas de Valladolid gestionaba íntegramente el servicio.

Y no solo es más caro, sino que la calidad del servicio también se resiente. Desde la municipalización, la ciudad ha sufrido una media de tres inundaciones por semana, unas 12 incidencias al mes. En los nueve primeros meses de 2017 se registraron casi el triple de averías que en 2014 y la tendencia ha seguido al alza con roturas en cadena y averías de doble incidencia en un solo punto.

Pero esto es solo el principio, porque el Ayuntamiento no ha hecho previsiones para incrementar las inversiones de mejora de la red y de las infraestructuras necesarias, sino que las ha rebajado, lo que a la larga incidirá negativamente en la calidad.

Además, tampoco ha mejorado la vertiente social del servicio, ya que ha suprimido la bonificación a los jubilados mayores de 65 años, de la que se beneficiaban unos 12.000 abonados para crear una nueva bonificación para familias que cobran el sueldo mínimo, que son menos de 2.000 abonados.

En este año se han registrado miles de quejas por errores de facturación, lo que ha obligado a Aquavall a invertir más de un millón de euros para mejorar este aspecto. Además de que Aquavall tendrá que contratar ahora un nuevo servicio de aplicaciones informáticas, que va a costar más de 800.000 euros. En un principio, solo destinó 58.000 euros a este concepto, y visto lo visto, no tenían ni idea de cuáles eran las necesidades reales.

Y es que cuando algo funciona bien, como era el suministro de agua en Valladolid, parece poco razonable cambiarlo por meros intereses políticos o ideológicos basados en eslóganes como que “el agua es un bien público y su gestión no puede estar en manos privadas”.

Cambiar lo poco que funciona bien, con precios muy ajustados, bastante por debajo de la media europea, no tiene ningún sentido. Y, además, hay que recordar que las encuestas de satisfacción ciudadana realizadas en toda España, y también en Valladolid, sitúan el agua como uno de los servicios mejor valorados por los ciudadanos.

Un organismo tan poco sospechoso como es la ONU, señala en su informe “Objetivos de Desarrollo del Milenio” que más de 2.100 millones de personas han conseguido acceso al agua potable en la última década gracias a sistemas gestión público-privada: “La colaboración con la empresa privada es un factor fundamental porque está sumando recursos y conocimientos a la causa.”

Y es que parece evidente que este sistema de equilibrio entre lo público y lo privado tiene muchas ventajas ya que las administraciones públicas, léase en este caso los Ayuntamientos, se dedican a lo que deben hacer, que es fiscalizar y vigilar que el servicio que se presta es el más adecuado para los ciudadanos, mientras que la empresa privada incorpora eficiencia, innovación, tecnología y flexibilidad.

Y tampoco se debe caer en la tentación de ofrecer precios a la baja para contentar a los ciudadanos, ya que como señalan todos los expertos, y también la ONU en el documento citado, las tarifas deben ser suficientes para sufragar los costes de mantenimiento y las nuevas nuevas inversiones. Esto propicia además un consumo más racional de este recurso escaso. Aunque rectificar es de sabios, todo parece indicar que este año de despropósitos será el primero, pero no el último. Y es muy posible, como ya hemos señalado, que la situación vaya incluso a peor.

Diego Jalón Barroso