Recientemente el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que por primera vez desde el final del franquismo preside una mujer y además miembro del Partido Socialista, ha adjudicado a Valoriza, filial de Sacyr, uno de los mayores contratos de servicios de limpieza urbana y recogida y trasporte de basuras de los últimos años en España. Son más de 140 millones en ocho años. El concurso ha estado rodeado de cierta polémica, ya que en realidad lo ganó Valoriza en septiembre de 2018, con el anterior gobierno municipal de Coalición Canaria presidido por José Manuel Bermúdez. Desde ese mismo momento, la anterior concesionaria, Urbaser y otra de las aspirantes, FCC, presentaron recursos incluso ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y ante el Tribunal de Contratos del Gobierno de Canarias.

Ninguna de estas instancias ha considerado que haya argumentos suficientes para suspender la adjudicación y aunque los recursos sigan su curso, Valoriza empezará a prestar el servicio a partir del 1 de diciembre. El PSOE y Ciudadanos, alcaldesa y concejales, que antes de las elecciones arremetían contra el alcalde por no anular el concurso, han visto ahora que legalmente tampoco pueden hacerlo y han decidido que, al haber ganado, Valoriza prestará el servicio.

Aunque la situación no es la ideal y este asunto lleve meses haciendo mucho ruido en la prensa local, cabe pensar que todo esto tiene una parte positiva. Por varios motivos. En primer lugar, porque pese a ser alcaldesa con el apoyo de Izquierda Unida y Podemos, aunque también de Ciudadanos, Patricia Hernández no se ha dejado llevar por las consignas de los concejales podemitas que, como en cada ocasión que se plantea la gestión de un servicio público, saltan de sus escaños al grito de “remunicipalización”. Sin importar quién puede prestar el mejor servicio a los ciudadanos, sin estudios ni análisis económicos previos, salen siempre con su mantra, su demonización de la empresa privada y su defensa del absurdo argumento de que los servicios públicos los deben gestionar directamente los ayuntamientos porque son públicos. Ya sabemos que si por ellos fuera todo sería público, desde los bancos a la electricidad, pasando por los supermercados, las viviendas y las fábricas. Reclaman y exigen la puesta en marcha en España de un modelo que tanto éxito ha tenido en Cuba, Venezuela, la URSS o Corea del Norte.

Pero la alcaldesa y su equipo han decidido lo que debería ser evidente pero no siempre es así en España, que es respetar la Ley y a los tribunales. Así que buenas noticias para los santacruceros, que pese a los intentos comunistas/populistas van a tener una recogida de basuras que se ha adjudicado con criterios económicos, de eficiencia, de compromiso de buen servicio y de calidad y no en función de una ideología trasnochada y caducada. Independientemente de si los recursos de FCC y Urbaser tienen o no algo de razón en sus argumentos, que todo se verá.

Y otra muy buena noticia para los vecinos de Santa Cruz es que el Ayuntamiento, que no ha sido el que ha adjudicado el contrato, ya ha anunciado que va a hacer precisamente aquello para lo que los ciudadanos lo han votado, que es vigilar de forma muy estricta que se cumplan las condiciones fijadas en el mismo para la correcta prestación del servicio. Ese debe ser el papel de los responsables municipales. Fiscalizar la labor de las empresas, que son las que tienen el conocimiento y la especialización necesaria para gestionar de forma eficaz y poder hacerlo sin ser juez y parte como ocurre cuando quien presta el servicio es el propio Ayuntamiento o una empresa municipal. Así es como se garantiza al ciudadano la mejor calidad, eficacia y eficiencia.

Así que aunque la concesión de limpieza y recogida de basura de Santa Cruz de Tenerife no haya empezado de la mejor forma posible, se dan las condiciones para que todo vaya de menos a más y el servicio cumpla con las exigencias de los vecinos, que son los que pagan y no se merecen otra cosa. Y si no es así, el Ayuntamiento tendrá que exigirlo en su nombre.   

De hecho, el concurso no se planteó como una mera subasta, lo que también es muy positivo, sino con unas exigencias de calidad que la nueva concesionaria deberá cumplir. Y además se ha concesionado por un tiempo razonable, que va a permitir a la empresa reemplazar camiones y maquinaria con suficiente tiempo de amortización. Este servicio, según los barómetros de OSUR ha estado bien valorado por los ciudadanos de Santa Cruz, cada vez mejor en los últimos años y es de esperar que estas valoraciones positivas sigan creciendo en los próximos años. Si no es así, será evidente que tanto la nueva concesionaria como el nuevo Ayuntamiento no están haciendo bien su trabajo. Y serán los ciudadanos, con sus votos, los que se lo puedan reclamar en futuras elecciones.

Diego Jalón